“La maquinaria de las OPS: el negocio redondo del clientelismo”

En los pasillos del poder local no se tejen solo decisiones administrativas: también se amarran cuotas políticas, contratos y negocios. Una de las herramientas más comunes para esto es la Orden de Prestación de Servicios (OPS), que nació como un mecanismo para vincular expertos sin necesidad de planta, pero que hoy se ha convertido en el arma favorita de los politiqueros para sostener su maquinaria y llenarse los bolsillos.

Un Ejemplo de ejercicio simple pero escandaloso:

un polítiquero local con acceso a la contratación impone 150 hojas de vida de personas afines, muchas veces sin experiencia real o sin funciones claras. A cada uno le cobra $400.000 mensuales como "cuota de agradecimiento". Si el contrato dura 8 meses, ese mismo político habrá recaudado silenciosamente cerca de $480 millones de pesos en 8 meses. Todo esto sin mover un dedo, sin rendir cuentas y, por supuesto, sin generar valor real para la comunidad.

Pero el problema no se detiene ahí. También existen los "prestanombres", ciudadanos que, por necesidad o conveniencia, entregan su cédula y documentos para que un tercero —el verdadero beneficiario— ejecute el contrato. El prestanombre recibe una comisión simbólica mientras el contratista real, y quien hace parte de la red de corrupción, se lleva la mayor parte del botín.

Esta forma de operar no solo compromete los recursos públicos; también crea un sistema de dependencia donde los puestos y contratos son favores, no derechos. Un modelo donde los más preparados quedan por fuera, y los que acceden deben pagar peaje.

¿Qué hacen los entes de control? Muy poco. Las investigaciones son lentas, burocráticas, y muchas veces se quedan en titulares que jamás se convierten en sanciones. Las redes de clientelismo siguen activas, cada elección se alimentan, y cada nuevo contrato es una oportunidad para mantener la cadena.

El llamado es urgente. Las Contralorías, Procuradurías y Personerías deben actuar con mayor rigor, establecer controles efectivos y, sobre todo, sancionar con nombres propios a quienes secuestran las instituciones públicas para fines personales. La comunidad, por su parte, debe exigir transparencia, acceso a la información pública y denunciar sin miedo. Porque cada contrato amañado es una oportunidad robada a los jóvenes, a la salud, a la educación y al desarrollo real de nuestras islas.

La corrupción no solo se roba el dinero. Se roba la esperanza.

El sistema normalizado corrupto esta ahogando todo, eso que ven disfrazado de dinamizar la economía con la maquinaria y aceitada a politiqueros desdibuja la realidad de un plan de desarrollo que al final va a terminar mal y con quejadera.