Secretaría de Salud proyecta presupuesto 2026 por $76.998 millones para fortalecer atención, infraestructura y salud pública
- Prego Nerosai
- 2 nov
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Durante su intervención ante la Duma Departamental, la secretaria de Salud, Yendi Kelly Forbes, presentó el presupuesto para la vigencia 2026, estimado en $76.998.639.069, distribuido en 21 proyectos y organizados en tres grandes programas orientados al fortalecimiento del sistema de salud del archipiélago.
1️⃣ Fortalecimiento de la calidad en la prestación de servicios de salud
Este eje, con 13 metas de producto, concentra la mayor inversión del presupuesto.
El proyecto de aseguramiento y vigilancia contará con $43.900 millones, financiados con recursos del Adres, rentas cedidas y Sistema General de Participaciones (SGP), con el propósito de mantener la cobertura del régimen subsidiado y mejorar los procesos de afiliación y control a las EPS (Nueva EPS y Sanitas).
También se desarrollarán auditorías anuales mediante la herramienta Gaudì, cruces de bases de datos con el SISBEN, y campañas de promoción de afiliación para garantizar la cobertura universal.
2️⃣ Mejoramiento de infraestructura y dotación hospitalaria
El segundo proyecto destinará $8.400 millones provenientes del Fondo de Infraestructura Pública Turística, enfocados en la dotación de los puestos de salud en remodelación y el fortalecimiento del Hospital Clarence Lynd Newball Memorial.
Con estas acciones, la administración busca reducir el número de remisiones médicas hacia el continente y aumentar la capacidad de respuesta local.
3️⃣ Atención de emergencias y desastres
Para el Sistema de Emergencias Médicas (CRUE), el presupuesto será de $500 millones.
El programa garantizará la operación 24/7 de las ambulancias, la regulación de traslados interdepartamentales y la capacitación comunitaria en primeros auxilios y atención de emergencias.
Se prevé la contratación de 16 profesionales, entre técnicos, tecnólogos y médicos, para sostener el servicio.
🧬 Avance en salud pública y prevención
El segundo programa, con 54 metas, agrupa los proyectos de salud pública enfocados en la prevención de enfermedades crónicas, promoción de salud sexual y mental, y fortalecimiento de la gobernanza sanitaria.
Enfermedades crónicas no transmisibles
Con un presupuesto de $450 millones, se desarrollarán estrategias para combatir hipertensión, diabetes, cáncer, salud oral y auditiva, y para fomentar entornos saludables sostenibles.
Incluye campañas educativas, inspecciones a EPS e IPS, y acciones conjuntas con la Secretaría de Movilidad para reducir accidentes de tránsito.
Se contratarán 11 profesionales, entre técnicos, tecnólogos y especialistas.
Salud sexual y reproductiva
El proyecto contará con $380 millones, destinados a la reducción de la mortalidad materna y neonatal, el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos y la promoción del uso de preservativos.
Se implementará el seguimiento de la ruta materno-perinatal y la vigilancia de embarazos adolescentes, con 14 profesionales a cargo.
Salud mental y convivencia social
Para 2026 se invertirán $421 millones en el fortalecimiento de los centros de escucha, el programa de familias fuertes, la prevención del suicidio y la implementación de la política integral de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas.
Según Forbes, la conducta suicida en adolescentes mantiene una tendencia preocupante, por lo cual se reforzarán las estrategias preventivas con seis profesionales especializados.
🧾 Vigilancia, control y gobernanza sanitaria
El tercer eje contempla el fortalecimiento de la autoridad sanitaria departamental, con una inversión de $770 millones para vigilancia epidemiológica y análisis de situación de salud.
A través del SIVIGILA y estadísticas vitales, la Secretaría monitorea enfermedades de importancia en salud pública —como el dengue— y reporta semanalmente al Instituto Nacional de Salud los eventos registrados en San Andrés y Providencia.
Se incluyen asistencias técnicas a EPS e IPS y la elaboración de dos informes de situación de salud diferenciados para cada isla.
🩹 Enfoque integral y sostenibilidad
La secretaria Yendi Kelly Forbes destacó que el plan 2026 busca fortalecer la atención integral, consolidar la gobernanza sanitaria y mantener la sostenibilidad del sistema de salud en el archipiélago, con 78 metas globales y un enfoque de salud pública participativa, equitativa y preventiva.
“Nuestro reto es reducir las remisiones al continente y mejorar la capacidad de respuesta local. Cada peso invertido se traduce en bienestar y dignidad para nuestra población”, subrayó Forbes ante los diputados.
El plan busca garantizar la protección de la salud de los habitantes del archipiélago mediante una inversión robusta en personal, equipos, insumos y estrategias de control sanitario en todo el territorio, incluyendo San Andrés y Providencia.

Vigilancia en salud pública y control de alimentos
Uno de los ejes centrales del informe fue el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y sanitaria. Según Forbes, los datos recolectados por los prestadores de salud (IPS) ascienden hasta el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, gracias al trabajo coordinado de un equipo de 29 profesionales entre bachilleres, tecnólogos, especialistas y expertos en salud pública.
Dentro de este componente, destaca el Instituto de Bienestar y Control (IBC) de Alimentos, con un presupuesto de $220 millones, encargado de inspeccionar restaurantes, comedores escolares, vehículos de transporte de alimentos y bebidas —tanto alcohólicas como no alcohólicas—, así como los puntos de ingreso en el muelle departamental, muelle municipal y aeropuertos de San Andrés y Providencia.
La secretaria enfatizó que estas inspecciones se realizan durante todo el año, y que en caso de detectarse riesgos sanitarios se aplican medidas de seguridad, que pueden ir desde la destrucción de productos hasta el cierre temporal de establecimientos.
Este programa cuenta con 11 funcionarios, entre tecnólogos, profesionales y especialistas, y dispone de apoyo permanente en Providencia.
IBC sanitario y control de medicamentos
Otro componente clave del presupuesto es el IBC Sanitario, con una asignación de $220 millones, destinado a la vigilancia de medicamentos controlados y establecimientos de estética, peluquerías, barberías y centros de belleza, donde se verifican las condiciones de salubridad.
“Cada vez que se recibe una queja de la comunidad, se realiza una nueva visita de verificación para garantizar la seguridad sanitaria de los consumidores”, señaló Forbes.
El programa operará con 13 contratistas (nueve técnicos, un profesional y tres especialistas) y el acompañamiento de personal de planta.
Seguridad alimentaria y nutricional
El proyecto de Fortalecimiento de la seguridad alimentaria dispondrá de $684 millones, enfocados en dos líneas: disponibilidad e inocuidad.
En la primera, se asignaron $49 millones para atender casos de desnutrición aguda en menores de cinco años, y $279 millones para campañas de gestión del riesgo alimentario. En la línea de inocuidad, se destinaron $356 millones para actividades educativas sobre consumo responsable y calidad de alimentos.
El equipo de trabajo estará compuesto por 19 personas entre técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas, encargadas de inspeccionar comedores escolares, comunitarios y cocinas institucionales, además de ejecutar la estrategia de Mejoramiento del Estatus Sanitario.
Prevención de enfermedades transmisibles
Para reducir la incidencia de tuberculosis y enfermedades emergentes o reemergentes, el departamento invertirá $461 millones.
De este total, $231 millones serán transferidos directamente por la Nación para garantizar el tratamiento estrictamente supervisado de los pacientes con tuberculosis, mientras que $230 millones se destinarán a campañas preventivas financiadas por el Sistema General de Participaciones (SGP).
El programa incluye la contratación de nueve profesionales dedicados a la promoción, prevención y diagnóstico oportuno de estas patologías.
Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública
El Laboratorio de Salud Pública Departamental recibirá una asignación total de $1.077 millones, destinados a la compra de reactivos, insumos, transporte de muestras y calibración de equipos.
Con 18 especialistas, tecnólogos y técnicos, el laboratorio será responsable de realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, exámenes de alimentos, vigilancia entomológica y envío de muestras al Instituto Nacional de Salud para enfermedades como dengue, zika, chikungunya, Monkeypox y cólera.
“Es un esfuerzo continuo para mantener la red de laboratorios con los más altos estándares de calidad”, destacó la secretaria.
Control de vectores y zoonosis
Otro de los frentes de acción será la prevención de enfermedades transmitidas por vectores, con un presupuesto de $307 millones.
Las campañas de fumigación y educación comunitaria se mantendrán activas todo el año, acompañadas de vacunaciones caninas y felinas para prevenir la rabia. En total, se vincularán 16 trabajadores entre técnicos, tecnólogos y profesionales para ejecutar estas tareas tanto en San Andrés como en Providencia.
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
El programa de vacunación contará con $339 millones para el mantenimiento de los equipos de refrigeración, la compra de insumos y la ejecución de jornadas de intensificación de vacunación.
Actualmente, el departamento mantiene una cobertura superior al 95%, aunque persisten desafíos en el grupo de niños de 18 meses en adelante, donde se han detectado esquemas incompletos.
“Tenemos que hacer búsqueda activa y acompañar a las familias para mantener las coberturas ideales”, recalcó Forbes.
Salud infantil y cambio climático
Finalmente, la Secretaría destinará $40 millones para el programa de atención integral a niños, niñas y adolescentes, y $340 millones para la implementación de lineamientos de adaptación al cambio climático, centrados en reducir los impactos ambientales sobre la salud humana.
Un sistema de salud más preventivo y fortalecido
El conjunto de estos proyectos reafirma la apuesta de la administración departamental por un modelo de salud pública integral y preventiva, que combine la vigilancia técnica, la educación comunitaria y el control sanitario.
“Desde la Secretaría de Salud trabajamos para garantizar la seguridad alimentaria, la inocuidad de los productos, el control de las enfermedades y la protección de toda la población del archipiélago”, concluyó la secretaria Yendi Kelly Forbes ante los diputados.
Salud ambiental y entornos saludables
Uno de los ejes claves será la actualización y socialización del documento de entornos saludables, con una inversión de 60 millones de pesos del Sistema General de Participaciones (SGP).
El programa incluirá acciones de control de ruido, vigilancia de la calidad del agua y del aire, y la formulación de la estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible, en articulación con la Secretaría de Movilidad, por 40 millones de pesos.
Para el componente de promoción y prevención ambiental, se asignan 240 millones de pesos, también provenientes del SGP. Estas actividades comprenden educación comunitaria, participación en la mesa de cambio climático y la conformación del Comité de Movilidad Saludable.
Salud laboral y economía popular
Otro frente de trabajo será la promoción de la salud y seguridad laboral, con 170 millones de pesos. La Secretaría enfocará esfuerzos en sensibilizar y afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales a la población trabajadora de la economía popular y comunitaria, donde se incluyen pescadores, cangueras, agricultores, mecánicos, constructores, barberos y otros oficios expuestos a riesgos ambientales como la radiación solar.
La estrategia busca caracterizar anualmente esta población, considerando su alta movilidad laboral, y reforzar la articulación con el programa de cambio climático.
Atención diferencial para comunidades étnicas
Para el fortalecimiento de los procesos de salud en poblaciones étnicas, se destinarán 130 millones de pesos en recursos propios.
Entre las metas, se incluye la construcción del modelo de atención en salud propio del pueblo raizal (HAMA), el intercambio de saberes ancestrales y la caracterización de plantas medicinales que nutran este modelo.
También se prevé la socialización con líderes raizales de la Resolución 1964 de 2024 y la emisión radial y digital de programas sobre salud étnica y estilos de vida saludable.
Poblaciones vulnerables, víctimas y discapacidad
La Secretaría destinará 226 millones de pesos al fortalecimiento del esquema de salud con enfoque diferencial, que abarca personas con discapacidad, víctimas del conflicto, adultos mayores y población en proceso de envejecimiento.
Se realizarán asistencias técnicas a EPS e IPS, procesos de certificación de discapacidad, auditorías a hogares geriátricos y seguimiento a programas psicosociales (PAPSIVI).
La ESE Departamental será la encargada de certificar los casos de discapacidad, mientras que la Secretaría efectuará la identificación y acompañamiento inicial.
Género, migración y habitabilidad en calle
El componente de enfoque de género y atención a poblaciones vulnerables contará con 70 millones de pesos. Este proyecto incluye el fortalecimiento del talento humano para la aplicación del protocolo de violencia basada en género, el diseño de un plan de acción intersectorial para habitantes de calle, y la asesoría técnica a entidades que atienden población migrante.
Gobernanza y participación social
En el eje de sostenibilidad del sistema de salud, se destinarán 130 millones de pesos al fortalecimiento de la participación social en salud. El equipo ejecutará el Plan de Acción de Participación Social 2026, con capacitaciones a ciudadanos y prestadores sobre control social y derechos en salud.
Por otra parte, el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad recibirá 227 millones de pesos, con los cuales se realizarán 20 visitas de verificación, 21 asistencias técnicas y la vigilancia del cumplimiento del PAMEC y la Resolución 3100 de 2019.
Atención a población pobre no asegurada
Para la población pobre no asegurada, se asignan 120 millones de pesos, mientras que la ESE Departamental recibirá 11.896 millones de pesos del SGP para subsidio a la oferta, garantizando la continuidad de los servicios y sometida a revisión mensual de ejecución financiera.
Modelo preventivo y predictivo en salud
Finalmente, la implementación del modelo preventivo y predictivo basado en atención primaria en salud contará con 1.800 millones de pesos.
El modelo opera con cinco microterritorios (San Luis, Loma, Centro 1, 2 y 3) y equipos básicos de salud conformados por médicos, psicólogos, enfermeras, promotores y un equipo transversal de apoyo con nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogos y trabajadores sociales.
En total, la Secretaría proyecta la contratación de 226 personas entre bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas para garantizar la ejecución de los proyectos durante la vigencia 2026.














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