La rendición de cuentas: ¿ejercicio democrático o escenario de sabotaje?

La sesión reciente de la Asamblea Departamental dejó en evidencia una fractura política que no puede pasar desapercibida. Lo que debía ser un espacio de transparencia y control al gobierno se convirtió en un cruce de acusaciones entre los mismos diputados, mostrando una vez más la dificultad de consolidar una cultura política madura en el archipiélago.

La diputada Marcela sjogreen levantó una voz de alerta que no se puede desestimar: desde hace más de un año y medio, asegura, se ha boicoteado la rendición de cuentas. Según ella, la Asamblea —y en particular su presidencia— no ha mostrado la voluntad real de exigir cuentas claras al ejecutivo. Su señalamiento es grave, pues toca el corazón de la democracia: ¿de qué sirve una Asamblea si no ejerce el control político que la Constitución y la ley le confieren?

Por otro lado, el presidente de la Duma, Orly Rozo, enérgicamente defendió el procedimiento con un argumento técnico: la rendición debe hacerse en el último periodo de sesiones y sobre la vigencia inmediatamente anterior, lo que en este caso correspondería al gobierno pasado. Desde su perspectiva, lo que hay no es sabotaje, sino un cumplimiento estricto del reglamento interno. Incluso fue más allá: quien diga que en la Asamblea no se hace nada, debería devolver su salario.

Entre estas dos visiones, el diputado Delford Brackman buscó un punto de equilibrio. Rechazó la idea de convertir el debate en ataques personales y pidió respeto mutuo. Sin embargo, también subrayó que si un diputado siente que la Asamblea no lo representa, debería dar un paso al costado. Un mensaje fuerte que refleja la tensión entre los mismos miembros de la corporación.

Lo cierto es que la ciudadanía observa con preocupación. La rendición de cuentas es un ejercicio esencial para la legitimidad de las instituciones, y si se percibe como un simple formalismo o, peor aún, como un campo de batalla personal entre diputados, pierde todo su valor. El riesgo es que la comunidad asuma que nada cambia, que el gobierno hace lo que quiere y que la Asamblea es apenas un escenario de discursos estériles.

San Andrés necesita con urgencia que sus líderes entiendan que la rendición de cuentas no es un trámite: es una obligación ética y política. No se trata de quién grita más fuerte o quién tiene la última palabra en el recinto. Se trata de mostrar con datos, con hechos y con resultados cómo se están invirtiendo los recursos públicos y qué impacto real tienen sobre la vida de los isleños.

Al final, la pregunta que queda flotando es inquietante: ¿estamos frente a una verdadera rendición de cuentas o ante un espectáculo político que confunde más de lo que aclara? La respuesta no depende solo de los diputados ni de los secretarios de despacho. Depende de la presión ciudadana por exigir que este ejercicio se haga con seriedad, sin excusas y sin juegos de poder.