Cese al fuego con disidencias de las FARC: incertidumbre a un mes de su vencimiento

A falta de un mes para la expiración del cese al fuego bilateral entre el Gobierno de Colombia y la disidencia de las FARC liderada por Calarcá Córdoba, la incertidumbre sobre su posible renovación crece. Este acuerdo, que ha sido el más prolongado dentro de la estrategia de "paz total" del presidente Gustavo Petro, ha tenido un impacto significativo en algunas regiones del país, pero también ha sido objeto de críticas y denuncias de violaciones.

¿Qué implica el cese al fuego?

El cese al fuego es un acuerdo entre el Estado y un grupo armado para detener las confrontaciones y reducir el impacto humanitario del conflicto mientras avanzan las negociaciones de paz. En este caso, el pacto fue formalizado mediante un decreto del Ministerio de Defensa en octubre de 2023, estableciendo como objetivo principal el respeto a la vida y la protección de comunidades vulnerables como campesinos e indígenas.

El acuerdo contempla que ni el Estado ni la disidencia ejecuten operaciones militares ofensivas entre sí, aunque la Fuerza Pública mantiene la facultad de combatir economías ilegales. También establece la prohibición de desplazamientos forzados, agresiones contra la población civil y restricciones a derechos políticos, así como la obligación de respetar los derechos de la niñez.

Riesgos y antecedentes de ruptura

A pesar del compromiso de ambas partes, el cese al fuego ha estado marcado por incidentes que han puesto en duda su continuidad. Uno de los momentos más críticos ocurrió en marzo de 2024, cuando un frente del Estado Mayor Central atacó un resguardo indígena en Cauca, causando la muerte de la mayora Carmelina Yulepavi. En respuesta, el Gobierno suspendió la medida en tres departamentos: Valle del Cauca, Nariño y Cauca.

Este episodio fue determinante para la ruptura del Estado Mayor Central, con Iván Mordisco apartándose de los diálogos de paz y dejando solo a Calarcá Córdoba al frente de las negociaciones. Desde entonces, el acuerdo ha continuado, aunque con informes de incumplimientos que han llevado a la veeduría del proceso a tomar medidas.

¿Se renovará el acuerdo?

Con la fecha límite del 15 de abril de 2025 cada vez más cerca, aún no hay pronunciamiento oficial sobre una posible prórroga. Mientras algunos sectores abogan por la continuidad del alto al fuego como un paso clave para la paz, otros sostienen que las infracciones al acuerdo comprometen su validez. La próxima decisión del Gobierno y de la disidencia será crucial para definir el rumbo de las negociaciones y la estabilidad en las regiones afectadas por el conflicto.

Se espera que en las próximas semanas ambas partes emitan comunicados oficiales sobre el futuro del acuerdo. Entretanto, la atención está puesta en el desarrollo de los diálogos y en la capacidad del mecanismo de monitoreo para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados.