San Andrés Avanza en la Construcción de su Política Pública de Infancia y Adolescencia

En el marco del estudio de la Política Pública de Infancia y Adolescencia del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la doctora Joana, representante del equipo técnico, respondió a las inquietudes de los honorables diputados sobre la articulación y aplicación de esta iniciativa en el territorio insular.

Durante su intervención, la doctora Joana explicó que el estudio incluyó la recolección de datos en la isla de Providencia, donde se encuestaron 48 niños para evaluar sus condiciones y necesidades. Asimismo, se presentaron evidencias fotográficas y documentación sobre los grupos etarios en el departamento, tomando como referencia el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018. Según este censo, San Andrés cuenta con 5.497 niños entre 6 y 11 años y 5.294 adolescentes entre 12 y 17 años.

Uno de los puntos más debatidos fue el abordaje del sistema de responsabilidad penal para adolescentes dentro de la política pública. La doctora Joana aclaró que esta iniciativa contempla la normatividad vigente, incluyendo el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y el Código Penal (Ley 599 de 2000), así como estrategias de justicia restaurativa para garantizar la reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley.

En su intervención, la diputada Marcela Chogrim solicitó mayor claridad sobre la inclusión del sistema de responsabilidad penal dentro de la política. En respuesta, se explicó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumirá el rol de secretaría técnica, con el apoyo de la Registraduría, la Fiscalía, el Ministerio Público y las instituciones educativas para garantizar el acceso a la educación de los jóvenes en proceso de resocialización.

Otro aspecto clave de la discusión fue la financiación de la política pública. Algunos diputados cuestionaron la falta de un presupuesto definido para los próximos diez años. La doctora Joana enfatizó que las políticas públicas son de largo plazo y deben articularse con los planes de desarrollo territorial y nacional, lo que implica que su financiación dependerá de las necesidades y prioridades de cada periodo gubernamental.

Finalmente, se debatió la obligatoriedad de las entidades nacionales en la implementación de la política. La diputada Chogrim expresó preocupación sobre cómo garantizar la participación de instituciones nacionales en el financiamiento y ejecución de las acciones propuestas. La respuesta de la doctora Joana indicó que, aunque no se puede imponer una obligación directa, la descentralización de políticas nacionales y la articulación interinstitucional garantizarán su implementación en el ámbito regional.

Con estos avances, el departamento sigue consolidando una política integral para la protección y garantía de derechos de la infancia y la adolescencia, con el compromiso de las autoridades y la comunidad en la construcción de un mejor futuro para los jóvenes del archipiélago.