Investigación advierte sobre auge de narrativas de fraude electoral en Colombia durante elecciones de 2026.

Una investigación basada en el análisis de cientos de publicaciones en redes sociales encendió las alertas sobre la creciente difusión de teorías infundadas de fraude electoral en Colombia durante el proceso electoral de 2026, señalando al presidente Gustavo Petro como el principal impulsor de estos mensajes en plataformas digitales.

Según el documento, entre enero y abril de 2026 fueron rastreados 1.783 mensajes relacionados con posibles fraudes electorales. De ellos, 329 publicaciones de alto alcance acumularon más de 26 millones de visualizaciones, y cerca del 59 % provenían directamente del mandatario colombiano o de cuentas afines a su movimiento político.

La investigación sostiene que las principales narrativas difundidas giraron alrededor de tres ejes: presuntas irregularidades en el software electoral, supuestas manipulaciones en formularios y mesas de votación, y acusaciones de que el sistema electoral favorece sectores de derecha.

Señalamientos sobre el software electoral

Uno de los temas más repetidos en redes sociales fue el supuesto riesgo de manipulación a través del software utilizado en los escrutinios electorales. En varias intervenciones públicas y publicaciones digitales, el presidente Petro cuestionó la participación de la empresa Thomas Greg & Sons en procesos electorales y en el manejo de información relacionada con identificación y logística electoral.

Sin embargo, el informe explica que el sistema electoral colombiano mantiene como base el voto físico y el conteo manual, lo que permite verificar cualquier inconsistencia mediante formularios y actas en papel revisadas por jueces, notarios, jurados y testigos electorales.

Además, se recuerda que el Consejo de Estado sí detectó irregularidades técnicas en las elecciones de 2014 relacionadas con el partido MIRA, pero nunca calificó esos hechos como fraude electoral comprobado.

Narrativas sobre jurados y formularios

Otro bloque de desinformación se concentró en los formularios E-14, los jurados de votación y el uso de lapiceros durante la jornada electoral. Diversas publicaciones afirmaban que los bolígrafos entregados por la Registraduría eran borrables o que las casillas vacías en los formularios facilitarían alteraciones posteriores.

El documento indica que la Registraduría realizó pruebas técnicas públicas a los lapiceros utilizados durante las elecciones, concluyendo que la tinta no era borrable. También explica que dejar casillas vacías hace parte de protocolos utilizados en procesos anteriores y que llenar los espacios con tachones o símbolos puede aumentar errores en el preconteo.

Asimismo, expertos electorales citados en el informe señalan que las diferencias entre preconteo y escrutinio son normales dentro del sistema colombiano, ya que el preconteo es preliminar y el escrutinio oficial se realiza posteriormente con revisión física de documentos.

Acusaciones políticas y clima de polarización

La investigación también documenta acusaciones difundidas contra sectores políticos de oposición, incluyendo señalamientos sobre supuestos pactos entre empresarios y campañas presidenciales. Entre ellas aparecen referencias al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y presuntas relaciones con contratistas electorales.

No obstante, el informe asegura que la Fiscalía colombiana indicó que no existen interceptaciones legales ni pruebas públicas que respalden dichas acusaciones.

La investigación advierte que este tipo de discursos han sido utilizados previamente en otros países del continente por líderes políticos que denunciaron fraude sin presentar evidencias, mencionando casos como el de Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil.

Organismos rechazan denuncias sin pruebas

El documento recuerda que organismos de observación electoral, tribunales y entidades independientes han rechazado reiteradamente las acusaciones de fraude masivo sin sustento probatorio. Incluso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Petro rectificar afirmaciones relacionadas con presuntos fraudes en elecciones pasadas y abstenerse de realizar señalamientos sin evidencias.

Finalmente, la investigación concluye que la desinformación electoral sistemática representa un riesgo para la confianza institucional y para la legitimidad democrática del país, especialmente en un escenario de alta polarización política y tensión electoral.