Declaraciones del diputado Orly Rozo sobre el proyecto de ordenanza y la crisis del hospital departamental.

“El proyecto de ordenanza que presenta el Gobierno Departamental está sustentado en la defensa de los derechos fundamentales de la población, especialmente en lo relacionado con la salud, entendida como un servicio público esencial. En Colombia, el acceso a los servicios de salud no solo es un derecho fundamental, sino una obligación del Estado garantizarlo de manera continua y oportuna.

Esta iniciativa busca informar a la opinión pública y a los demás actores institucionales sobre la realidad crítica que enfrenta hoy la ESE Hospital Departamental Clarence Lynd Newball Memorial.

El hospital atraviesa una situación insostenible. Los recursos que actualmente recibe no son suficientes para su auto sostenimiento. Cuando el actual gobierno asumió, heredó una institución con un pasivo acumulado superior a los 13.000 millones de pesos, sumado a un manejo inadecuado del Presupuesto Global Prospectivo (PGP) de una nueva EPS que solo aporta 800 millones de pesos, una cifra irrisoria frente al volumen de usuarios que atiende: más de 30.000 personas, que representan la mayor parte de la población isleña.

A esto se suman los servicios prestados a otras EPS, cuyos pagos no se han efectuado en su totalidad. Esto ha provocado que el hospital no logre operar de manera eficiente, no por mala gestión de sus gerentes, sino por una grave deficiencia en el sistema de facturación, que aún no ha sido superada.

Este panorama se vuelve más crítico si consideramos que una gran parte de los usuarios atendidos presenta enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes e hipertensión, que requieren atención continua, controles regulares y suministro constante de medicamentos. Lamentablemente, sin una negociación adecuada del PGP y sin un reajuste financiero acorde al volumen y la complejidad de los pacientes, la prestación oportuna de los servicios está en riesgo.

Además, el hospital enfrenta serias dificultades operativas debido a la falta de insumos médicos y recursos básicos, lo que impacta negativamente su capacidad de respuesta. El gasto mensual en recursos humanos supera los 3.000 millones de pesos, incluyendo la nómina de especialistas y empleados en general. A ello se suman los costos de funcionamiento: servicios públicos como acueducto, alcantarillado, energía, y todos los insumos y suministros hospitalarios necesarios.

Por todo lo anterior, este proyecto de ordenanza no solo busca visibilizar la crisis, sino también generar los mecanismos jurídicos y financieros que permitan una intervención oportuna, técnica y responsable para garantizar la continuidad de los servicios de salud a la población del archipiélago.”